Familiares y víctimas de represión durante la IV República relataron este sábado las humillaciones, torturas, violaciones de derechos humanos y los asesinatos cometidos contra familiares y amigos que adversaban a los gobiernos venezolanos entre 1958-1998.
Durante el programa especial Víctimas del Fascismo, ayer y hoy, transmitido por Venezolana de Televisión, Pedro Reyes Millán, Héctor Rangel, José Marrero, Tito Morales, Marlene Esquivel, entre otros, detallaron cómo los gobiernos de la época asediaron hogares y atropellaron a quienes se atrevían a levantar su voz y luchar por una patria libre, independiente y soberana.
Carla Burguillo, viuda de César Burguillo (1931-1965), relató que el 7 de agosto de 1965 su esposo fue detenido en Carúpano. Tras ello pasó poco más de una semana y nunca más lo volvió a ver.
Refirió que, en ese entonces, los familiares de César recibieron amenazas y fueron perseguidos por parte del Gobierno.
"Nunca admitieron que lo habían detenido, no dieron noticia de dónde lo tenían", dijo Carla Burguillo, quien precisó que a la fecha no han encontrado el cuerpo de su esposo.
Por su parte, Alberto Lovera, hijo de Alberto Lovera (1923-1965), contó que el 18 de octubre de 1965 su padre fue secuestrado y el 27 de octubre del mismo año apareció muerto con síntomas de evidente tortura.
Alberto Lovera fue un profesor y dirigente del Partido Comunista de Venezuela (PCV), quien fue torturado, asesinado y cuyos restos intentaron desaparecer en el mar durante el gobierno de Raúl Leoni (1964-1969).
Pedro Reyes Millán, víctima de represión de la IV República y participante de la rebelión estudiantil de 1958, también contó que el Gobierno de la época le persiguió y maltrató.
Agregó que estuvo dos veces preso, en 1963 y 1967, por su pensamiento disidente. En 1967 fue víctima de tortura, acción que lo dejó en muy malas condiciones físicas.
Por su parte, el luchador social Tito Morales destacó que en su lucha los trabajadores del campo fueron un apoyo para los movimientos rebeldes porque los ocultaban del peligro y les proveían comida. Añadió que en esa relación se convirtieron en "cómplices y guerrilleros", pues "se encontraba en ellos una fe y esperanza para el campesino".
Italo Américo Silva, hijo de Américo Silva, relató que su padre luchó contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y en la Cuarta República se enfiló en el combate sindical e ideológico hasta llegar a la lucha armada.
Reseñó que el comandante guerrillero Américo Silva cayó hace 40 años en manos de un grupo represivo de la antigua Guardia Nacional y el Ejército, durante el primer mandato de Rafael Caldera.
Otro hecho que marcó el acontecer diario fue el Caracazo, cuando los días 27 y 28 de febrero de 1989, en las ciudades más importantes del país hubo un estallido masivo en rechazo a las medidas neoliberales tomadas por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, quien realizó severos ajustes macroeconómicos dictados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Las Fuerzas Armadas incurrieron en una represión excesiva que dejó centenares de muertos y numerosos heridos. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos indicaron que el número de víctimas era mucho mayor a las cifras reconocidas por el Ejecutivo.
La posterior aparición de fosas comunes, una de ellas conocida como "La Peste" en el Cementerio General del Sur, develaron la magnitud de la masacre. Aparecieron otros 68 cuerpos sin identificar, que estaban fuera de la lista oficial.
Al respecto, el historiador Henry Nava resaltó que a la fecha no se ha logrado concretar el número de asesinatos cometidos en la época.
La más reciente violación a los derechos humanos en Venezuela, y no precisamente por el Gobierno, sino por factores de extrema derecha, fue la ocurrida los días 15 y 16 de abril, cuando grupos violentos y anticonstitucionales arremetieron contra seguidores del chavismo.
Estos hechos dejaron un saldo de 11 víctimas fatales y varios heridos.
Comisión de la Verdad
En octubre de 2010 la Asamblea Nacional (AN) aprobó la Ley para sancionar Crímenes, Desapariciones, Torturas y Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el período 1958-1998.
Entre las disposiciones que establece esta ley es la conformación de la Comisión por la Justicia y la Verdad, órgano llamado a contribuir con el esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad cometidos durante el referido periodo, reivindicar a las víctimas y rescatar la memoria histórica.
En este sentido, la diputada Marelis Pérez, integrante de la Comisión por la Justicia y la Verdad, refirió que actualmente suman alrededor de 2.000 denuncias sobre violaciones a los derechos humanos.
Destacó que los gobiernos de Acción Democrática y Copei impusieron una política de terrorismo de Estado contra la disidencia de izquierda.
Añadió que actualmente se crean los equipos de trabajo estadales en todo el territorio nacional y se prevé crear un comité para estudiar los casos de tortura y asesinatos cometidos contra estudiantes.
Alrededor de 240.000 personas sufrieron violaciones de sus derechos en este período, producto del acoso militar en sectores rurales.
Por su parte, el representante de la Defensoría del Pueblo, Larry Devoe, indicó que la Fiscalía de la República ha documentado las denuncias de violación en materia de derechos humanos cometidos en la época. Añadió que se busca hacer justicia y revindicar el derecho a la verdad.
Entre tanto, el diputado socialista Fernando Soto Rojas, refirió que los crímenes cometidos entre 1958 y 1998, por ser de lesa humanidad, están vigentes y las investigaciones deben continuar hasta el esclarecimiento de los hechos.
Refirió que a las víctimas y familiares no les anima ningún sentimiento de odio, "pero que sí que quede establecido que se masacró, asesinó y torturó", dijo.
